Ciudad de México, 23 de agosto (SinEmbargo).– En la recta final de su gestión al frente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva enfrenta duras críticas por parte de la sociedad civil que ve en sus acciones una cercanía con el poder público, por lo que ha puesto en duda su independencia e imparcialidad en las investigaciones que realiza sobre violaciones a derechos humanos.
Esta semana, activistas denunciaron al Ombudsman nacional por haber avalado ante los congresos de Puebla y Quintana Roo las leyes “Bala” y “ Borge” que regulan las manifestaciones y que promueven el uso de la fuerza letal para dispersar a las mismas. Además vieron con recelo los reconocimientos públicos que ha recibido por parte del Gobernador poblano, Rafael Moreno Valle Rosas, como es el caso de su busto, un auditorio y cátedras universitarias que llevan su propio nombre en esa entidad.
“Prostituye a la institución. Los mexicanos estamos gastando mil millones de pesos al año para tener un ‘Ombudsman Bala’, un hombre que avala el poder; estamos tirando mil millones al año a la basura”, denunció Darío Ramírez, director en México de la organización internacional Artículo 19.
Raúl Plascencia Villanueva tomó posesión como presidente de la CNDH el 16 de noviembre de 2009, en tres meses será su ratificación o se nombrará a un nuevo Ombudsman nacional, por ello, los especialistas advierten que muchas de las posturas de Plascencia son para promover su ratificación.
Sin embargo, estos casos no son los únicos que lo han colocado en una posición polémica. Desde el inicio de su administración fue objeto de acusaciones. A meses de relevar a José Luis Soberanes, Villanueva no incluyó en su informe sobre las violaciones cometidas en 2009 el incendio en la Guardería ABC ,ocurrido el 5 de junio de ese año, que terminó con la vida de 49 niños y en el que desde un principio se advirtió la omisión de autoridades de los diferentes niveles de gobierno.
La sociedad civil también lo ha acusado por no ejecutar acciones reales para combatir la trata de personas, los abusos contra migrantes y la violencia de género que se extiende por varias entidades del país. Casos emblemáticos han sido las denuncias que presentaron seis familias de los 72 migrantes asesinados en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, al considerar que en su informe sobre esta masacre la CNDH liberó de responsabilidad al Estado mexicano.
Organismos sociales también han afirmado que Plascencia violó los derechos de las víctimas, al negarles el acceso a expedientes sobre violaciones a los derechos humanos, contrario a lo que dispone la ley del organismo, el reglamento interior, la Ley General de Víctimas, la Constitución y tratados internacionales de los que México es parte. Además hay señalamientos en su contra por no investigar a profundidad las quejas contra la Policía Federal y desalentar a quienes presentan denuncias en su contra.
Para Leopoldo Maldonado Gutiérrez, oficial adjunto del programa legal de la organización Artículo 19, Plascencia ha dejado de lado importantes temas en la agenda de derechos humanos como “la intervención de las fuerzas armadas en tareas de seguridad destinadas a las corporaciones policiacas civiles, el tema del arraigo, las violaciones a derechos humanos de las víctimas de desapariciones forzadas, de migrantes. La agenda de derechos humanos se ha visto seriamente comprometida por los intereses personales de Raúl Plascencia”.
“Es muy claro que busca tener gran presencia en los medios de comunicación en las vísperas del proceso de ratificación o en su defecto de un nuevo titular de la CNDH, pero es evidente que bajo estas evidencias que son contundentes e irrefutables de que Plascencia actúa con total parcialidad a favor de los gobiernos locales y del gobierno federal no debe ser ratificado en el cargo porque está comprometiendo la autonomía institucional de un organismo”, mencionó.
